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El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad pide al resto de universidades que sigan este ejemplo, ya que muy pocas cumplen con el cupo de reserva que exige la legislación

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha celebrado este viernes que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) haya acordado, por primera vez, reservar este año el 5% de las nuevas plazas de personal docente e investigador para personas con discapacidad.

El total de plazas de docentes e investigadores que la UNED ha convocado para este año, según autorización de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, es de 117, de las que el 5% estarán reservadas para personas con discapacidad que sean doctores acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y que cumplan todos los requisitos necesarios.

De esta forma, se aplican las disposiciones legales de reserva de plazas para personas con discapacidad en la administración pública, que en el ámbito de las universidades no se estaba cumpliendo hasta ahora. La reserva de plazas era una demanda que el CERMI venía realizando a la UNED en el marco de un convenio de colaboración que mantienen junto a Fundación ONCE para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad.

En este sentido, la plataforma representativa de la discapacidad en España pide al resto de universidades públicas, que salvo la UNED son competencia de las comunidades autónomas, que sigan esta senda y cumplan con esta reserva de plazas, puesto que la gran mayoría todavía no lo hace. Esta es la única vía para que en el ámbito del profesorado e investigador haya una representación de la riqueza y de la diversidad de la sociedad.

http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/8624826/09/17/El-CERMI-celebra-que-la-UNED-reserve-por-primera-vez-un-5-de-plazas-de-personal-docente-e-investigador-para-personas-con-discapacidad.html

 

Fundación ONCE reclama una legislación que favorezca la contratación de personas con discapacidad
 
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez-Bueno, ha solicitado este martes en el Senado la inclusión de los derechos sociales como fundamentales en la Constitución española.
 
Durante su comparecencia en la Comisión legislativa de Discapacidad del Senado, Pérez Bueno ha indicado que es una "prioridad" reformar la Carta Magna para "constitucionalizar" los derechos sociales como fundamentales, así como la aprobación de una ley estatal de garantía de los derechos sociales y otra de carácter orgánico para adecuar el ordenamiento jurídico español a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
Asimismo, ha denunciado "la exclusión sistémica y estructural" que sufren las personas con discapacidad y ha pedido a los grupos que este colectivo esté presente en la acción política y legislativa "desde un enfoque exigente de derechos humanos".
 
Por otro lado, ha urgido a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para acabar con la privación del derecho al voto que sufren casi 100.000 personas en España por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, lo que vulnera la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
UN ÚNICO SISTEMA EDUCATIVO PARA TODOS
 
Para avanzar en la implementación de dicho tratado en España, el máximo representante del CERMI ha llamado a los grupos parlamentarios a reformar la LOMCE para establecer un único sistema educativo inclusivo, evitando la segregación por razón de discapacidad que genera la falta de apoyos en el sistema ordinario, reconvirtiendo los actuales centros de educación especial y aprovechando su "amplio conocimiento y experiencia".
 
En línea con la campaña 'Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017' que el CERMI ha puesto en marcha este año para denunciar cada mes la ausencia de accesibilidad en un determinado ámbito, Pérez Bueno ha recordado que el plazo legal para que todos los entornos, bienes y servicios de interés sean accesibles concluye en menos de tres meses.
 
Pérez Bueno ha instado a crear el Fondo para la Accesibilidad Universal, que se nutriría destinando el 1% de los presupuestos del Estado en materia de Fomento y Agenda Digital y de los ingresos de las sanciones económicas de la administración general del estado por infracciones por ausencia de accesibilidad.
 
Por otra parte, ha lamentado que todavía las personas con discapacidad sufran un nivel de exclusión del mercado laboral superior al resto de la población. Para revertir esta situación, ha exhortado al Ejecutivo y al Legislativo a impulsar medidas que sirvan para elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad en cinco años del 38% actual al 50%.
 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON DISCAPACIDAD
 
Igualmente, ha prestado especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad (el 60% del total de la población con discapacidad en España), exigiendo que se tengan en cuenta sus necesidades específicas, y haciendo especial hincapié en que es necesario que las víctimas de la violencia de género con discapacidad encuentren los apoyos necesarios a la hora de denunciar y salir de la situación de violencia.
 
El responsable del CERMI también ha pedido "reinventar el modelo de sostenimiento" de financiación del Tercer Sector de Acción Social después de que el sistema que ha funcionado durante muchos años haya dejado de estar vigente por una sentencia del Tribunal Constitucional.
 
LEGISLACIÓN QUE FAVOREZCA EL EMPLEO
 
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha incidido en la misma comisión del Senado en la necesidad de contar con una legislación que favorezca la contratación de personas con discapacidad.
 
"El nuevo marco jurídico nos debe dotar de las condiciones necesarias para que seamos capaces de crear empleo para 150.000 personas con discapacidad y, de esta forma alcanzar una tasa de actividad del 50 por ciento", ha subrayado Durán.
 
Además, y teniendo en cuenta que en la Cámara Alta se está debatiendo la ley de contratos del sector público, el representante de Fundación ONCE también ha pedido que se consolide la "imposibilidad de concursar y de recibir subvenciones a las empresas que incumplan la cuota de reserva o las medidas alternativas", y ha propuesto que se establezca una cuota de reserva en favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social.
 
 
  • Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, compareció ayer en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados
     
  • Durante su intervención apostó por la asistencia personal, la educación inclusiva, la atención sociosanitaria y la eliminación de copagos 
     
  • La integración laboral en la empresa ordinaria y la defensa de los centros especiales y de las organizaciones de discapacidad también fueron cuestiones tratadas en la comparecencia

 

El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga, hizo ayer durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados una defensa de los derechos de este grupo social y su libertad para decidir sobre todo lo que tiene que ver con su vida.

 

Tras apostar por “la libertad de las personas con discapacidad para decidir dónde quieren vivir” y por “un modelo donde los recursos y programas estén a su servicio y donde éstas puedan socializarse y participar”, Anxo Queiruga reivindicó “el desarrollo de la figura de la asistencia personal para que las personas con discapacidad y necesidad de apoyos continuados puedan diseñar, en cierta medida, su modelo de vida”.

 

“Seguimos teniendo un enorme agujero en la promoción de la participación de las mujeres con discapacidad, en los diferentes ámbitos la vida. Resulta fundamental favorecer el empoderamiento de las mujeres con discapacidad y promover una socialización igualitaria y libre de estereotipos sobre género y discapacidad”, afirmó el presidente de COCEMFE.

 

Asimismo, criticó “las graves deficiencias del sistema educativo” y exigió el cumplimiento de la legislación vigente para “garantizar el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, con recursos docentes, materiales y económicos suficientes para que reciban los apoyos necesarios para que terminen los estudios, y tengan un desarrollo formativo similar al del resto de los compañeros y compañeras sin discapacidad”.

 

Queiruga trasladó a los miembros de la Comisión diferentes “consecuencias de las políticas de reducción del coste sanitario en la salud y calidad de vida de las personas con discapacidad y de la ineficaz gestión de los servicios sociosanitarios dirigidos”.

 

En este sentido, apostó por una revisión del baremo de discapacidad para éste “sea equitativo, cumpla con los criterios de la CIF, dé una cobertura justa a nuestro grupo social y responda a las necesidades de las personas con enfermedades muy discapacitantes que en la actualidad no son reconocidas”; y defendió un catálogo ortoprotésico sin “inequidades en el acceso a las ayudas técnicas dependiendo de la causa que provocó la discapacidad” ni en el que “dependa de la voluntad de cada comunidad autónoma o mutualidad administrativa que los pacientes puedan hacer uso de la llamada ‘mejora’”.

 

El presidente de la organización se refirió al binomio imposible de muchas personas con discapacidad: menos recursos y más gastos: “Tenemos gastos que son comunes al conjunto de la sociedad pero, a mayores, tenemos un castigo económico que viene dado por el diseño de una sociedad que no está hecha para todos, que nos excluye de manera indirecta al someternos a sobrecostes”.

 

Después de recordar las claves de la Iniciativa Legislativa Popular en contra del Copago Confiscatorio, afirmó que “copagar por servicios que nos son imprescindibles por nuestra situación personal, podríamos decir que es un delito en un Estado de Derecho”.

 

En relación al empleo, Queiruga reclamó el desarrollo de una Ley General de Empleo que incluya medidas como “la reserva de empleo a personas con discapacidad en medianas empresas y un aumento de la cuota en las grandes” y propuso “la implantación de un salario social básico que se pueda compatibilizar con el trabajo a tiempo parcial”, ya que “hay miles de personas con discapacidad física y orgánica que están fuera de las prestaciones del sistema y con unas posibilidades muy limitadas de acceder al empleo de calidad”.

 

También señaló que “es una obligación moral y legal que las empresas tengan las condiciones mínimas para que todos podamos trabajar en ellas” y criticó la proliferación de centros especiales de empleo de iniciativa privada señalando que este tipo de centros deberían ser el “resultado del emprendimiento social, del emprendimiento de las personas con discapacidad individualmente o mediante sus entidades representativas”.

 

En relación a la obligación legal de que el 4 de diciembre de este año 2017 sean accesibles todos los productos, bienes, entornos y servicios, el máximo representante de COCEMFE reivindicó la “puesta en marcha de una ambiciosa estrategia sobre accesibilidad en nuestro país”. Igualmente, incidió en “la necesidad de modificar de una vez por todas la Ley de Propiedad Horizontal” por ser “una cuestión de dignidad para todos aquellos que, por la razón que sea, tienen movilidad reducida”; e hizo un llamamiento a extender la cultura de la accesibilidad universal en nuestro país y a derribar las barreras invisibles, “las que están en la mente y que son las que verdaderamente impiden que la situación y la vida de las personas con discapacidad se normalice”.

 

Queiruga se refirió a la “transformación de las convocatorias de ayudas a cargo del 0,7 del IRPF, lo que puede suponer la desaparición de entidades estatales y por lo tanto y más grave, la desatención de personas con enfermedades crónicas y/o minoritarias”.

 

Finalmente, el presidente de la Confederación hizo un llamamiento a “aprovechar que esta Comisión por fin tiene carácter legislativo” para que “el avance hacia la libertad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida sea mucho más ágil y decidido; y acabe con las demandas históricas que llevamos planteando las organizaciones de personas con discapacidad desde hace casi cuarenta años”. 

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