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Una proposición no de ley pone en duda a los Centros Especiales de Empleo pese a su gran función social e integradora de las personas con discapacidad.

El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) sigue trabajando y apoyando el empleo de las personas con discapacidad, especialmente en lo que se refiere a los Centros Especiales de Empleo, representados por uno de sus miembros fundadores, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE). Esta importante organización de ámbito estatal con casi 20 años de historia que representa el 70% de los centros especiales de empleo en España y a más de 50.000 trabajadores con discapacidad.

La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley de ERC enmendada con el PSOE para controlar a los Centros Especiales de Empleo. Según sus portavoces algunos Centros se han desviado de su labor social para irse transformando en “mero beneficio empresarial” así como que se debe controlar la  “cesión ilegal de trabajadores” que realizan y por ello es necesario realizar “una campaña antifraude y control financiero” por las subvenciones recibidas. Unas afirmaciones gratuitas que en nada se ajustan a la realidad.

Ante el incumplimiento generalizado de la cuota de reserva de contratos para personas con discapacidad en el mercado ordinario, es fundamental el papel de los Centros Especiales de Empleo. Estas entidades tienen como objetivo principal proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. Hablamos de una figura que da respuesta a una demanda real, la del derecho fundamental del trabajo para las personas con discapacidad.

En ese sentido, es conocido que los CEE reciben ayudas y bonificaciones con la finalidad de lograr esa necesaria inserción laboral. Si se conoce alguna ilegalidad respecto al trabajo de los centros especiales de empleo hay que denunciarla sin lugar a dudas. No obstante, la actividad de  estos Centros está sometida ya a múltiples controles como pueden ser Inspecciones de Trabajo, control por parte de la Consejería de cada CCAA o el propio control tributario de Hacienda. Estas graves iniciativas parlamentarias que expresan en términos generales una desviación de la función de los CEE, nacen del desconocimiento de la realidad de los CEE y se mancha gravemente la imagen de muchos trabajadores y, también, la de los empleadores que dan su vida por la integración de estas personas.

Así pues, el CEDDD rechaza completamente la aprobación de este tipo de iniciativas basadas en afirmaciones que carecen las mismas de todo conocimiento y sensibilidad respecto la gran  labor que realizan los Centros Especiales de Empleo cuya prioridad no es otra que la integración laboral del colectivo de la discapacidad. Un colectivo que desgraciadamente ya ha sufrido bastante como para verse ahora retroceder tan gravemente  en su derecho al trabajo.

http://ceddd.org/?page_id=1247&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=ce8435258f254d02848d1444f913578b&fl=4&uid=627368262&nid=244+281088008

Un fallo separa discapacidad de enfermedad en el despido

El Tribunal Supremo aclara en una sentencia la distinción entre discapacidad y enfermedad a la hora de calificar un despido. De este modo, rechaza que una enfermedad, con un periodo de incapacidad temporal, pueda ser calificada como una discapacidad para procesar el despido como nulo.

 

La sentencia, de 15 de marzo de 2018, subraya la diferencia entre "la enfermedad en cuanto tal" y la discapacidad. "Esta distinción radica en la limitación que para la participación plena y efectiva en la vida profesional en igualdad de condiciones supone la interacción de las dolencias con diversas barreras diferenciando esa situación, compatible con la asistencia al trabajo, de la simple baja por enfermedad", explica el Supremo.

"El Tribunal estudia un asunto de despido de trabajadora en situación de incapacidad temporal acordado como disciplinario por la empresa", explica Alfredo Aspra, socio del área Laboral de Andersen Tax & Legal. "El Supremo desestima la pretensión principal de un despido de nulidad y estima la subsidiaria de improcedente por no apreciar que exista enfermedad calificable como discapacidad", añade.

La empleada afectada se mantuvo en situación de incapacidad temporal, con diagnóstico de trastorno depresivo grave EPI recurrente. Antes de finalizar el periodo de incapacidad temporal, se le comunicó el despido disciplinario alegando un rendimiento laboral inferior al pactado dado que estuvo de alta en la empresa 453 días de los cuales solo prestó servicios en forma efectiva durante 164 días.

El juzgado de instancia y el Tribunal Superior de Justicia concluyeron la nulidad, al considerar que el despido por enfermedad asimilada a discapacidad es discriminatorio y, por lo tanto, nulo. Sin embargo, la magistrada del Tribunal Supremo Calvo Ibarlucea, ponente de la sentencia, sostiene que "la situación de incapacidad temporal en la que se hallaba la trabajadora al ser despedida, fecha en la que ni siquiera había agotado el periodo máximo y mucho menos existía resolución alguna acerca de una situación duradera de futuro no permite identificarla con la noción de discapacidad distinta de la enfermedad en cuanto tal".

El fallo invoca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Tribunal europeo insiste en que la Directiva 2000/78 del Consejo se opone a la normativa nacional cuando las ausencias sean debidas a "enfermedades atribuidas a la discapacidad de ese trabajador" sin alterar la noción de discapacidad elaborada en anteriores resoluciones.

Así, una enfermedad que no suponga una limitación de esta índole no estará comprendida en el concepto de discapacidad, según la normativa europea. "En efecto, la enfermedad en cuanto tal no puede considerarse un motivo que venga a añadirse a aquellos otros motivos en relación con los cuales la Directiva 2000/78 prohíbe toda discriminación", destaca el fallo.

De este modo, el Supremo concluye que "con base a la interpretación del Tribunal de Justicia europeo no es posible incardinar la baja temporal de la demandante en un supuesto de discriminación gravado con la calificación de nulidad sino mantener la de improcedencia derivada de la falta de justificación como despido disciplinario". La sentencia subraya que, en todo caso, "exige un componente intencional, ausente en la actuación de la trabajadora".

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9081359/04/18/Un-fallo-separa-discapacidad-de-enfermedad-en-el-despido.html

Miles de personas con discapacidad tendrán becas de movilidad para mejorar su formación

Un nuevo programa permitirá que miles de personas con discapacidad accedan a becas de movilidad para mejorar su formación.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, aseguró este miércoles en el Congreso de los Diputados que el nuevo programa 'Reina Letizia para la Inclusión' permitirá que "miles de personas con discapacidad puedan disfrutar de becas educativas de movilidad nacional e internacional" para mejorar su formación.

Garcés, que informó sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, definió el programa como "la principal novedad" del año en estas políticas, ya que supondrá "un aumento muy significativo de recursos" para la formación del colectivo.

La creación de este fondo se aprobó el 23 de diciembre de 2017 mediante una orden ministerial, en cuya elaboración participó de forma muy activa el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

En realidad, esta orden da desarrollo reglamentario a una previsión legal del año 2015 que establecía que los saldos y depósitos abandonados en instituciones financieras y bancarias se destinarían a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad.

Dicha disposición señalaba, además, que la Administración General del Estado impulsaría a través del Real Patronato sobre Discapacidad un programa dirigido a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad, con especial atención a los aspectos relacionados con su desarrollo profesional y a la innovación y la investigación aplicadas a estas políticas, a través de ayudas directas a los beneficiarios.

Movilidad e investigación educativa serán así los principales objetivos del fondo, explicó Garcés, tras apuntar que su gestión supone un aumento del 12% en el presupuesto del Real Patronato de la Discapacidad.

En cambio, la Dirección general de Discapacidad mantiene una dotación prácticamente igual a 2017 (crece un 0,62%), por lo que las cuantías para entidades sociales e instituciones que realizan proyectos a favor de este colectivo permanecen estables.

Fundación ONCE, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) de la Universidad Carlos III, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y el propio Cermi son los beneficiarios.

Por último, Grcés se refirió al aumento del 9% en el número de personas con discapacidad afiliadas a la Seguridad Social en 2017, así como al incremento de los puestos de trabajo reservados, y destacó los mayores presupuestos de Renfe y ADIF para mejorar la accesibilidad en trenes y estaciones.

Este es también el objetivo de un real decreto que permite a los ayuntamientos invertir su superávit en la reforma de edificios e instalaciones.

https://www.discapnet.es/actualidad/2018/04/miles-de-personas-con-discapacidad-tendran-becas-de-movilidad-para-mejorar-su

 

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