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El Consejo Estatal de COCEMFE, en su reunión del pasado 22 de septiembre, mostró su preocupación ante el “más que probable” incumplimiento del límite temporal del 4 de diciembre de 2017 que marca la ley para que todos los productos, bienes, entornos y servicios del país sean accesibles.

El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, señaló que “esta obligación, contemplada en la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, va a ser incumplida porque en nuestro país hay una elevada presencia de barreras en todos los ámbitos y falta una estrategia nacional de accesibilidad y la aplicación de sanciones a todos los agentes responsables de las barreras existentes”.

Por ello, el Consejo Estatal aprobó la puesta en marcha de nuevas medidas en los próximos meses que desarrollarán COCEMFE y sus 82 entidades miembros, dirigidas a promover la eliminación de barreras y el cumplimiento de la legislación en la materia.

Durante la reunión del Consejo Estatal de COCEMFE se abordó con preocupación la situación en que van a quedar los proyectos de atención directa que hasta el momento han desarrollado las entidades estatales de COCEMFE a través de la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, así como la situación del tramo autonómico de estas subvenciones, ya que hay muchas comunidades autónomas donde todavía no se han convocado.

La participación de la Confederación en la campaña de recogida de firmas promovida por la Plataforma Gasolineras Atendidas y Seguras, así como en el grupo de trabajo entre la Administración General del Estado y el CERMI para abordar la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, fueron algunas de las cuestiones que también se trataron en la reunión.

cocemfe.es

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad pide al resto de universidades que sigan este ejemplo, ya que muy pocas cumplen con el cupo de reserva que exige la legislación

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha celebrado este viernes que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) haya acordado, por primera vez, reservar este año el 5% de las nuevas plazas de personal docente e investigador para personas con discapacidad.

El total de plazas de docentes e investigadores que la UNED ha convocado para este año, según autorización de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, es de 117, de las que el 5% estarán reservadas para personas con discapacidad que sean doctores acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y que cumplan todos los requisitos necesarios.

De esta forma, se aplican las disposiciones legales de reserva de plazas para personas con discapacidad en la administración pública, que en el ámbito de las universidades no se estaba cumpliendo hasta ahora. La reserva de plazas era una demanda que el CERMI venía realizando a la UNED en el marco de un convenio de colaboración que mantienen junto a Fundación ONCE para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad.

En este sentido, la plataforma representativa de la discapacidad en España pide al resto de universidades públicas, que salvo la UNED son competencia de las comunidades autónomas, que sigan esta senda y cumplan con esta reserva de plazas, puesto que la gran mayoría todavía no lo hace. Esta es la única vía para que en el ámbito del profesorado e investigador haya una representación de la riqueza y de la diversidad de la sociedad.

http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/8624826/09/17/El-CERMI-celebra-que-la-UNED-reserve-por-primera-vez-un-5-de-plazas-de-personal-docente-e-investigador-para-personas-con-discapacidad.html

 

Fundación ONCE reclama una legislación que favorezca la contratación de personas con discapacidad
 
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez-Bueno, ha solicitado este martes en el Senado la inclusión de los derechos sociales como fundamentales en la Constitución española.
 
Durante su comparecencia en la Comisión legislativa de Discapacidad del Senado, Pérez Bueno ha indicado que es una "prioridad" reformar la Carta Magna para "constitucionalizar" los derechos sociales como fundamentales, así como la aprobación de una ley estatal de garantía de los derechos sociales y otra de carácter orgánico para adecuar el ordenamiento jurídico español a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
Asimismo, ha denunciado "la exclusión sistémica y estructural" que sufren las personas con discapacidad y ha pedido a los grupos que este colectivo esté presente en la acción política y legislativa "desde un enfoque exigente de derechos humanos".
 
Por otro lado, ha urgido a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para acabar con la privación del derecho al voto que sufren casi 100.000 personas en España por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, lo que vulnera la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
UN ÚNICO SISTEMA EDUCATIVO PARA TODOS
 
Para avanzar en la implementación de dicho tratado en España, el máximo representante del CERMI ha llamado a los grupos parlamentarios a reformar la LOMCE para establecer un único sistema educativo inclusivo, evitando la segregación por razón de discapacidad que genera la falta de apoyos en el sistema ordinario, reconvirtiendo los actuales centros de educación especial y aprovechando su "amplio conocimiento y experiencia".
 
En línea con la campaña 'Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017' que el CERMI ha puesto en marcha este año para denunciar cada mes la ausencia de accesibilidad en un determinado ámbito, Pérez Bueno ha recordado que el plazo legal para que todos los entornos, bienes y servicios de interés sean accesibles concluye en menos de tres meses.
 
Pérez Bueno ha instado a crear el Fondo para la Accesibilidad Universal, que se nutriría destinando el 1% de los presupuestos del Estado en materia de Fomento y Agenda Digital y de los ingresos de las sanciones económicas de la administración general del estado por infracciones por ausencia de accesibilidad.
 
Por otra parte, ha lamentado que todavía las personas con discapacidad sufran un nivel de exclusión del mercado laboral superior al resto de la población. Para revertir esta situación, ha exhortado al Ejecutivo y al Legislativo a impulsar medidas que sirvan para elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad en cinco años del 38% actual al 50%.
 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON DISCAPACIDAD
 
Igualmente, ha prestado especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad (el 60% del total de la población con discapacidad en España), exigiendo que se tengan en cuenta sus necesidades específicas, y haciendo especial hincapié en que es necesario que las víctimas de la violencia de género con discapacidad encuentren los apoyos necesarios a la hora de denunciar y salir de la situación de violencia.
 
El responsable del CERMI también ha pedido "reinventar el modelo de sostenimiento" de financiación del Tercer Sector de Acción Social después de que el sistema que ha funcionado durante muchos años haya dejado de estar vigente por una sentencia del Tribunal Constitucional.
 
LEGISLACIÓN QUE FAVOREZCA EL EMPLEO
 
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha incidido en la misma comisión del Senado en la necesidad de contar con una legislación que favorezca la contratación de personas con discapacidad.
 
"El nuevo marco jurídico nos debe dotar de las condiciones necesarias para que seamos capaces de crear empleo para 150.000 personas con discapacidad y, de esta forma alcanzar una tasa de actividad del 50 por ciento", ha subrayado Durán.
 
Además, y teniendo en cuenta que en la Cámara Alta se está debatiendo la ley de contratos del sector público, el representante de Fundación ONCE también ha pedido que se consolide la "imposibilidad de concursar y de recibir subvenciones a las empresas que incumplan la cuota de reserva o las medidas alternativas", y ha propuesto que se establezca una cuota de reserva en favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social.
 
 

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