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EL SIL DE CIUDAD REAL CIERRA EDICION CON 13 CONTRATOS

 

 También se establecen contactos con 79 empresas

 

 

 

El Servicio de Intermediación Laboral (SIL) que COCEMFE ORETANIA CIUDAD REAL puso en marcha en la capital por segundo año consecutivo gracias a la subvención del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad se ha saldado con cifras positivas.

Tras seis meses de trabajo, en donde la técnica de empleo, Mª Ángeles García ha trabajado a media jornada, se han trabajado con 40 personas con discapacidad nuevas, lográndose un total de 13 contratos, 2 de ellos indefinidos. “Además, si tenemos en cuenta los usuarios que ya conocían el servicio del año pasado, y que nuevamente han retomado conversaciones con el SIL, la cifra se eleva a 85 personas”, expresaba Amparo Messía de la Cerda, concejal de Bienestar Social en el acto de clausura. “El objetivo de este tipo de proyectos son las contrataciones y desde el Patronato siempre hemos apoyado y apostado por proyectos que se centren en el tema laboral”, continuó la edil, destacando a su vez que este año el programa se ha financiado con 6.200€. “Consideramos que el formar a las personas para encontrar un trabajo y elaborar con ellas un itinerario de inserción laboral es una labor muy importante, más aún cuando se trata de personas con discapacidad”, proseguía.

Tras ella tomaba la palabra Mª Ángeles García, técnica de empleo que ha llevado a cabo el proyecto y que detalló los pasos que han seguido durante estos seis meses. “Inicialmente realizamos una entrevista ocupacional, en la que definimos el objetivo profesional de la persona, analizando su perfil y teniendo en cuenta su formación, experiencia laboral y sobre todo, su discapacidad. Seguidamente elaboramos con ellos un currículum y les informamos sobre las herramientas de búsqueda activa de empleo”, explicaba García resaltando que el grueso de personas que ha tratado en este semestre, acuden al SIL “en condiciones sociales y familiares muy complicadas”. Una situación a la que se une, además de su discapacidad,  un nivel de estudios muy básico, y por consiguiente, una baja cualificación, razón por la cual hay que buscar empleos muy específicos que se adapten a estas condiciones. “Generalmente se consigue insertar en puestos de baja cualificación, con salarios no muy altos y contratos por obra y servicio. Sin embargo, cada contrato hace a la persona con discapacidad feliz y para nosotros como organización, y por supuesto, a nivel personal, es una gran satisfacción”.

Dado el desconocimiento del potencial de las personas con discapacidad, COCEMFE CIUDAD REAL a través de este servicio también trabaja con el empresariado. “Se contacta con las empresas para informarles de las bonificaciones y ayudas que hay para contratar a una persona con discapacidad, ya que éstos son los argumentos principales que en la actualidad más interesan a los empresarios”, comentaba García. “En esta edición hemos trabajado con empresas nuevas, pero también con empresas con las que ya habíamos mantenido contacto el año anterior o años atrás, a través de otros programas que ha venido desarrollando siempre COCEMFE CIUDAD REAL”. 

En este sentido se ha contactado con un total de 76 empresas, creándose 29 ofertas para cubrir 33 puestos de trabajo. “Estas empresas, cuando necesitan cubrir un puesto nos solicitan un determinado perfil. En esa tesitura, dentro de las personas que ya tienen marcado un itinerario, selecciono a las personas que más puedan interesar a la empresa y  les envío el currículum. A partir de ahí, es la empresa la que realiza la entrevista de trabajo o cualquier otra prueba de selección. Con suerte, la oferta se materializa en contrato, este año de esos 33 puestos hemos cubierto 13”, concluía.

 

Por último, en representación de COCEMFE CIUDAD REAL tomó la palabra su vicepresidente, José Luis Poyatos. “Ha sido un lujo haber podido llevar a cabo por segundo año consecutivo este proyecto. El objetivo fundamental de nuestra Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica es poner nuestro granito de arena para intentar insertar al colectivo en el mundo laboral y gracias al apoyo económico de instituciones como el Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, se está consiguiendo. Esperamos seguir avanzando y contar con una tercera edición”, manifestaba.

 

Ante la propuesta, Messía recogía el testigo invitándoles nuevamente a presentar el proyecto a la institución que representa “pues han sido dos años de andadura muy beneficiosos para el colectivo y por esta razón, y por lo que representa COCEMFE CIUDAD REAL, desde el Patronato Municipal de Personas con Discapacidad queremos seguir apoyándolos”.

 

 

 

COCEMFE CONDENA LAS DECLARACIONES DEL ALCALDE DE TORREMOLINOS

 

  • El regidor de Torremolinos calificó de “estorbo” a las personas con discapacidad

 

  • COCEMFE considera  estas palabras una ofensa y una agresión a la dignidad de las personas con discapacidad

 

  • La entidad se une al CERMI y exige la apertura de un expediente disciplinario por conducta impropia y lesiva de derechos de minorías

 

 

 

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) condena las palabras del alcalde de la ciudad malagueña de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, cuando en un pleno municipal afirmó que las personas con discapacidad son “un estorbo” y “no podían salir a la calle por estar acomplejados”.

COCEMFE considera estas palabras una ofensa y una agresión a la dignidad de las personas con discapacidad, así como un hecho de elevada gravedad al haber sido pronunciadas por un alcalde en el ejercicio de sus funciones como responsable público.

“No podemos permitir la utilización de estos términos para referirse a las personas con discapacidad, y menos cuando estas palabras vienen de un cargo público durante el desempeño de sus funciones. Es intolerable”, afirma el presidente de COCEMFE, Mario García.

“Declaraciones de este tipo dañan al colectivo de personas con discapacidad al incidir en estereotipos negativos totalmente perniciosos. El movimiento de la discapacidad lleva, precisamente, años luchando contra ellos, trabajando porque las personas con discapacidad sean tratadas con un miembro más en la sociedad y sean respetados”, añade García.

Por último, COCEMFE se une a la petición realizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de exigir a la formación política a la que pertenece el alcalde de Torremolinos la apertura de un expediente disciplinario por conducta impropia y lesiva de derechos de minorías.

 

La reforma del Código Penal vulnera media docena de artículos de la Convención ONU sobre discapacidad

Las organizaciones de discapacitados han presentado una bateria de enmiendas al texto ante el Ministerio de Justicia

 

El anteproyecto de reforma del Código Penal elaborado por el Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, vulnera al menos media docena de artículos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España, según el miembro experto del Comité internacional que vela por la aplicación de la Convención Carlos Ríos.

El experto, que ha elaborado un informe a petición del CERMI sobre la reforma proyectada, ha comparecido en rueda de prensa junto al vicepresidente de FEAPS, José María Sánchez; la directora Ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino; el presidente de FEAPS CV, Mario Puerto y el representante de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Manuel Desviat.

Según ha explicado Ríos, el régimen de medidas de seguridad para personas inimputables, principalmente individuos con discapacidad intelectual, no se aplica "en atención a un sistema de garantías" y establece distinciones "más gravosas" para personas con enfermedades mentales sólo por el hecho de tenerlas.

Así, contraviene el artículo 5 de la Convención, porque "fija un régimen penal diferenciado que hace que la ley no sera igual para todos"; y el artículo 8 en tanto que, en lugar de evitar la estigmatización del colectivo, el anteproyecto "vincula el trastorno mental con la comisión de nuevos delitos".

En este sentido, vulnera asimismo los artículos 12 y 13 relativos al derecho de defensa y el acceso a la justicia porque, según Ríos, se aplicarán las condenas "en razón de características subjetivas e hipótesis de peligro", es decir, "dependerán de la característica del individuo y no del hecho delictivo", lo que resulta discriminatorio.

Ampliar una condena por una sospecha

También es contrario a los artículos 14.1 y 14.2, que prohíben privar de libertad a una persona por su discapacidad. "Abre la puerta para que una vez se ha cumplido un máximo de 5 años de condena, esta sera revisable y ampliable quinquenalmente. Esto ya no tendrá nada que ver con el hecho cometido en un principio, sino con la situación de la persona. Genera un derecho penal de autor, de estatus, en lugar de proporcionalidad", afirma el experto.

En opinión de Ríos, que ha elaborado un informe detallado que el CERMI está remitiendo a administraciones públicas y grupos parlamentarios, cno la nueva legislación la decisión sobre esta privación de libertad "versa sobre cuestiones opinativas y no verificables empíricamente" y "se aleja así del debido proceso" que debe regir en cualquier ordenamiento garantista.

En otras palabras, "introduce el concepto subjetivo de peligrosidad relacionado con la salud mental", lo que supone "una involución de 20 años" en el Código Penal español, conforme ha añadido el presidente de FEAPS en la Comunidad Valenciana, Mario Puerto, quien ha explicado que supondría volver a una situación en la que los presos con discapacidad intelectual fueran tratados por ello de peor manera.

Recurrir a la ONU, al TEDH y al Constitucional

Para el representante de la AEN, la redacción del anteproyecto "juzga un diagnóstico, una enfermedad, no al enfermo, no a la persona". "El Código Penal de 1999 fue un gran avance y es suficiente para atender con todas las garantías. Ahora nos pondremos a la cola en derechos de las personas con discapacidad. Les equipara con animales feroces", ha señalado.

Conforme ha explicado el presidente de FEAPS, las organizaciones del sector han presentado una batería de enmiendas al texto ante el Ministerio de Justicia y, aunque la respuesta ha sido favorable, temen que en la práctica no se adopten. "Se han quitado algunas etiquetas, pero la parte del fondo no. Pensamos que han aceptado cosas de forma, pero no de fondo", ha señalado Sánchez Monge.

Según ha dicho, en el Ministerio de Sanidad, con quien también se reúnen estas entidades para hablar de la reforma, "opinan una cosa diferente" al Ministerio de Justicia y "no entienden" que Gallardón haya planteado el Código Penal en estos términos. También los grupos parlamentarios que han consultado, "incluido el PP", les han trasladado que en su redactado actual, la iniciativa no saldrá adelante.

Con todo, las organizaciones están preparadas para ir más allá si es necesario. El primer paso será denunciar la norma ante la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque contemplan asimismo recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Constitucional español, por la discriminación en el trato ante la ley que suponen las modificaciones previstas por el ministro.

 

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