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Reclaman el dinero gastado en la incineración de un pequeño gran dependiente.

dclm.es

La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncia que el Gobierno de Cospedal "no deja descansar en paz a Jomián, el niño gran dependiente al que denegó la prestación económica a pesar de haberle reconocido el grado máximo de dependencia". Esta es la carta completa de la Plataforma:


"Denunciamos que con fecha 25 de Julio desde la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha se le ha enviado un requerimiento de inicio de procedimiento de reintegro de subvenciones.


El Gobierno de Cospedal le había concedido en Enero 2.700 euros como ayuda  para la compra de una silla moldeable, silla que debía adquirir por indicación médica una vez el niño fuera intervenido quirúrgicamente para intentar salvar el único pulmón que tenía y que estaba seriamente dañado por la terrible escoliosis que padecía.  


Jomían, que se debía alimentar con sonda gasogástrica, no controlaba esfínteres, con crisis convulsivas, debía pasar revisión y pruebas radiológicas el próximo 20 de este més en el Hospital La Paz de Madrid para proceder a la intervención quirúrgica. Desgraciadamente el niño,al que Cospedal denegó la prestación económica en el entorno familiar, falleció con su madre a mas de 100 km de distancia.


A pesar de todo esto el ejecutivo de Castilla-La Mancha parece que sigue cebándose con él y le reclama UNA VEZ FALLECIDO la cantidad que se le concedió para ayuda a esa silla y que su madre HUBO DE UTILIZAR PARA EL INCINERAMIENTO DEL NIÑO.

 

La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, como portavoz autorizado de la familia, insta a Cospedal a paralizar la reclamación de esa cantidad al haber fallecido el niño y más con la indicación médica de no comprar la silla y habiéndose utilizado ese dinero para incinerarle".


José Luis Gómez-Ocaña Pérez
Portavoz Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la ley de Dependencia del Estado Español
Presidente Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha

El 15% de las familias con hijos con discapacidad no pueden costear los tratamientos

Una familia con un hijo con discapacidad gasta de media 4.800 euros al año en costear los tratamientos y las terapias que necesita, algo que el 15 por ciento de estos hogares no puede permitirse, según el III Informe Discapacidad y Familia elaborado por Fundación Adecco a partir de 500 entrevistas.

 



El trabajo revela que el 85% de las familias con hijos con discapacidad emplean unos 400 euros mensuales en terapias y tratamientos, lo que supone entre un 20 y un 30% del presupuesto familiar en un tercio de los casos y hasta un 40% para el 18,4 por ciento. En el 4,8% de las familias, afrontar este gasto supone emplear más del 40% de los recursos disponibles.

Estos tratamientos, que un 15% de las familias no proporcionan a los hijos con discapacidad por "la imposibilidad de afrontar el gasto", suelen ser de larga duración y tienen un objetivo médico o terapéurico, como mejorar la calidad de vida, el estado de salud, la autonomía física y/o psíquica, la integración laboral o el desarrollo psicosocial, según expica la consultora de Plan Familia en la Fundación Adecco, Teresa Pérez.

Según el estudio, casi la mitad de los tratamientos son de tipo terapéutico (hidroterapias, fisioterapias, equinoterapias, logopedias, etc); seguidas de las formativas (26,1%) y las relacionadas con el ocio y el deporte, para fomentar las habilidades físicas, sociales y de comunicación (19,2%). El 33 por ciento de las familias cree que serán muy útiles; el 43% bastante útiles y el 20%, algo útiles.

El impacto de esta inversión sobre las familias tiene una mayor relevancia si se tiene en cuenta que en el 58% de los casos sólo trabaja uno de los progenitores, "en muchos casos, por una elección por parte de los padres, quienes optan porque uno de los dos trabaje fuera de casa, mientras que otro se encargue de manera directa de los cuidados que el hijo con discapacidad requiere".

Así las cosas, el 75 por ciento tienen dificultades para llegar a final de mes, tasa que en el conjunto de la población es del 65 por ciento, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. El 29% de los hogares con hijos con discapacidad tiene que afrontar "muchas dificultades", un 17% "dificultades" a secas y otro 29%, "ciertas dificultades", conforme los datos de Adecco.

En este sentido, el 97 por ciento de los encuestados demanda más apoyos para facilitar la vida de las familias que tienen a personas con discapacidad: un 66% considera que hace falta más sensibilización en la sociedad y en los entornos educativos, un 63% y un 56% demandan más ayudas económicas, en bienes y servicios o en subvenciones, respectivamente; y un 30% apela a la accesibilidad.

"Tengan o no dificultades para llegar a fin de mes, los encuestados tienen claro que el bienestar de su familiar con discapacidad está por encima de todo", dice el estudio, para incidir en que el 90% de las familias considera que tener un hijo con discapacidad "le ha aportado una nueva perspectiva de la vida y se ha enriquecido como persona y ser humano".

Con todo, un 58% de las familias no confía en que su hijo llegue a conseguir empleo algún día, en un 30 por ciento de los casos por "prejuicios y estereotipos fuertemente asentados en la sociedad y en la empresa" y en el 28 por ciento, porque "su discapacidad le impedirá tener la autonomía suficiente como para poder trabajar". El 42% cree que su hijo accederá al mercado laboral como cualquier otra persona.

El estudio incide en este asunto y apunta que "la propia familia también puede suponer un freno para que la persona se realice plenamente", ya que un 38,9% de los encuestados tiende a la sobreprotección, aunque sin ser consciente de ello. El 61,1 por ciento, por contra, intenta fomentar la autonomía de su familiar.

EL CERMI CRITICA LA "PASIVIDAD" DEL GOBIERNO EN LA REFORMA DE LA LEY ELECTORAL

Para permitir votar a todas las personas con discapacidad. El Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad (Cermi) ha criticado la "pasividad" del Gobierno de España para acometer le reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) a fin de suprimir la posibilidad actualmente vigente de que los jueces, en los procesos de incapacitación civil, priven del derecho de voto a determinadas personas con discapacidad.


Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas y firmada y ratificada por España, donde es derecho positivo, ninguna persona con discapacidad puede perder por motivos ligados a su discapacidad su derecho fundamental al voto, por lo que, según el Cermi, "el régimen electoral español es incompatible en este punto con los derechos humanos reconocidos internacionalmente a las personas con discapacidad".
Esto exige, agrega la entidad en una nota, la modificación de la Loreg para eliminar esta posibilidad de privación del derecho de sufragio, cambio normativo que ha de partir del Gobierno o de las fuerzas políticas mayoritarias del Parlamento.
MANDATO PARLAMENTARIO INCUMPLIDO
Por sugerencia del Cermi, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados adoptó el año pasado una proposición no de ley instando al Ejecutivo a elaborar y remitir a la Cámara, en el plazo de seis meses, un informe sobre la adecuación de la legislación electoral española al marco establecido por la Convención de la Discapacidad.
"Transcurrido ese plazo con creces, el Gobierno no ha cumplido el mandato parlamentario, por lo que el debate político sobre la reforma de la Loreg sigue paralizado", agrega.
El Cermi exige a los ministerios directamente concernidos con la iniciativa (Interior, Justicia y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) "que abandonen esta inacción que perjudica gravemente los derechos más básicos de las personas con discapacidad y promuevan con urgencia el cambio normativo del régimen electoral para que los próximos comicios generales ninguna persona con discapacidad sea excluida del ejercicio de sus derechos políticos".

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