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EL ESPAÑOL GARCÍA OCA, REELEGIDO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

El español Miguel Ángel García Oca, presidente de la Fundación del Lesionado Medular (FLM) y de Aspaym Madrid, fue reelegido por unanimidad como presidente de la Federación Internacional de Personas con Discapacidad Física (Fimitic), en el marco de la Asamblea General celebrada los días 4, 5 y 6 de octubre en Budapest (Hungría). 

Además de la reelección de García Oca, la asamblea de Fimitic acordó mejorar el campo de actuación y permitir la expansión de la federación a nuevos países, “creando nuevas alianzas estratégicas para los miembros que les permitirán aprovechar al máximo los conocimientos y las experiencias positivas de cada organización”. 
Entre los países representados, además de España, estuvo presente Austria, Bosnia, Rumanía, Eslovenia y Croacia. La asociación húngara, también miembro de Fimitic, aprovechó la ocasión para celebrar un Seminario sobre el Arte y la Discapacidad en el que la FLM colaboró con muestras de las actividades artísticas que tienen lugar en su Centro de Día en Madrid.
La Federación Internacional de personas con Discapacidad Física es un organismo internacional sin ánimo de lucro ni afiliación política o confesional que agrupa a asociaciones de 17 países dedicadas a la discapacidad. Su objetivo es potenciar la visibilidad y la aplicación de las normas políticas existentes emitidas por diferentes organismos internacionales (ONU, UE) para el sostenimiento y desarrollo de planes de igualdad y adaptación universal. Apuesta por las nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos sectores en donde se potencie la no discriminación y la igualdad de trato hacia las personas con discapacidad.

Miguel Ángel García Oca, aseguró a Servimedia que las líneas estratégicas de la entidad, de cara a su nuevo mandato, perseguirán la “mejora la calidad de vida” del colectivo.
Reelegido por unanimidad para un segundo mandato, García Oca señaló este jueves que la Fimitic se ha planteado un doble objetivo para su nueva etapa: afianzar la organización y buscar proyectos en los que intervengan la mayoría de los países que integran la federación. 
“Nos hemos marcado unas líneas estratégicas que son, fundamentalmente, el tema de trabajo, empleo y desarrollo de una vida independiente, además de una línea que persiga la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad”, aseguró García Oca
En declaraciones a Servimedia, destacó su esperanza de que, en el período de un año, dos países más se unan a la Junta Directiva de la federación, actualmente compuesta por España, Hungría y Chipre: “Por cuestiones de estrategia, dentro de un año ingresarán seguramente Polonia y Croacia”.

El cálculo de pensiones de incapacidad es ilegal por discriminar a las mujeres

Según la Justicia Europea

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Yves Bot, ha dictaminado este jueves que el método de cálculo de las pensiones de incapacidad previsto en la legislación española vulnera la normativa comunitaria porque penaliza a los trabajadores a tiempo parcial y discrimina así indirectamente a las mujeres.

 

   El dictamen del abogado general responde a un litigio contra la seguridad social iniciado por una trabajadora española que en 2010 solicitó una pensión de incapacidad. Había cotizado 39 años, de los que sólo durante 3 años y 10 meses trabajó a tiempo parcial y durante tres no ejerció ninguna actividad profesional. Su pensión por incapacidad permanente se fijó en el 55% de la base reguladora mensual, que ascendía a 347 euros. La interesada recurrió alegando que la base reguladora de su pensión debía ser de 763 euros. El litigio ha acabado ante el Tribunal de Justicia de la UE.

   En su opinión de este jueves, el abogado general señala que el método de cálculo establecido por la ley española "causa una desventaja a los trabajadores que hayan ejercido una actividad a tiempo parcial durante el período inmediatamente anterior a una interrupción del abono de sus cotizaciones al régimen de seguridad social".

 

   Bot subraya también que, a pesar de que la ley española se aplica indistintamente a los trabajadores y a las trabajadoras y de que, por tanto, no establece discriminaciones directamente basadas en el sexo, sí introduce una discriminación indirecta contraria a las normas de la UE. El motivo es que el método de cálculo de la pensión "puede perjudicar a un número mucho mayor de mujeres que de hombres, ya que el porcentaje de trabajadoras a tiempo parcial es mucho mayor que el de trabajadores del mismo colectivo".

   Según el abogado general, en una situación como la de la denunciante "el método conduce a reducir la cuantía de la pensión de incapacidad permanente de un modo desproporcionado con respecto a las cotizaciones abonadas por el interesado a lo largo de toda su carrera profesional". Así, la afectada "trabajó a tiempo parcial durante 3 años y 10 meses, lo que representa una parte mínima de su carrera profesional, desarrollada durante aproximadamente 39 años".

   El fallo añade que el método "no puede justificarse en virtud de un factor objetivo basado en la naturaleza contributiva del régimen de seguridad social y del necesario respeto del principio de proporcionalidad".

   Las opiniones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia, aunque éste suele seguir sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia final se dictará en los próximos meses.

Valencia: Los jueces anulan el copago en discapacidad impuesto por el Consell

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha anulado el decreto del Consell que establece el copago en los servicios dirigidos a mayores y personas con discapacidad al considerar que es "coactivo" y "vulnera el principio de reserva de ley, el de legalidad en materia tributaria y el de jerarquía normativa". El fallo, contra el que cabe recurso de casación, declara la "íntegra nulidad de pleno derecho" el Decreto 113/2013 de 2 de agosto del Consell, estimando el recurso interpuesto por el comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

La sala dice que la atención en centros no es voluntaria sino "imprescindible"

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV, considera que el copago supone la imposición de una tasa, "a mayores y personas con discapacidad que no parece que sean grupos sociales especialmente favorecidos". La sentencia desestima el argumento de la  abogacía de la Generalitat que alegó que el copago era asimilable a un precio público porque cumplía los dos requisitos para ello: que el servicio sea de petición voluntaria y que se pueda satisfacer a través del sector privado.

La Sala desecha el argumento del Consell porque considera que el copago se impone a un servicio que no es voluntario sino "objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares" porque "se trata de servicios primarios asistenciales, básicos e imprescindibles".

El TSJ recuerda en su sentencia que la imposición de tasas debe determinarse mediante una ley y no mediante un decreto y, por lo tanto, el Decreto del Consell que imponía el copago carece de "cobertura, infringe de manera frontal el principio de reserva de ley e, incluso en el supuesto de tratarse realmente de precios públicos, tampoco podría decirse que respetara dicho principio, no correspondiendo a la Administración de la Generalitat Valenciana sino a las Cortes Valencianas crear y regular los elementos esenciales de la tasa a percibir en el ámbito de los servicios sociales". Además, la sentencia condena a la Generalitat demandada al pago de las costas del proceso.

El recurso del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha contado con la participación de la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València, que ha colaborado en su redacción. Este grupo, compuesto por estudiantes y profesores de derecho que prestan asesoramiento jurídico gratuito, elaboró un informe en el que defendía la anulación del copago farmacéutico en discapacidad y que fue remitido a la Consejería de Sanidad como alegación.

Los jueces recuerdan que las tasas se imponen mediante una ley y no con un decreto

A principios de diciembre de 2013, los usuarios de residencias públicas, centros de día y de noche, viviendas tuteladas, centros de rehabilitación social, usuarios de teleasistencia o de ayuda a domicilio, comenzaron a recibir unas cartas en las que la Generalitat les informaba de la cuantía que debían copagar. El montante, que estaba en relación a la renta de la unidad familiar y no a la capacidad económica del usuario, suponía pagar un porcentaje del coste de la plaza del centro que en algunos casos alcanzaba hasta el 90% del total.

Ante las limitaciones económicas que esto suponía para los hogares, las entidades comenzaron una serie de protestas que les llevaron a plantear cientos de recursos de alzada contra el copago y la interposición del recurso contencioso-administrativo contra el Consell cuya sentencia se ha dado a conocer este martes. Ni las manifestaciones, ni las recogidas de firmas, ni la negociación con las organizaciones de apoyo a la discapacidad sirvieron para retirar un decreto que la Generalitat solo se planteó matizar.

La oposición ha reclamado este martes la dimisión de la consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez-Zaplana, tras hacerse pública la sentencia. La portavoz del Consell, María José Català, ha manifestado este martes que la Generalitat tomará las acciones oportunas para adecuar el decreto del Gobierno valenciano al marco legal exigible.

El presidente del Cermi, Joan Planells ha informado de que el secretario autonómico de Bienestar Social se ha puesto en contacto con su organización para concertar una cita y "valorar juntos el tema y ver cómo reiniciamos el diálogo", un diálogo que terminó el pasado 9 de mayo sin acuerdo entre las partes.

La Consejería de Bienestar Social ha explicado en diversas ocasiones que 4.000 de los 8.800 usuarios de centros de atención a ladiscapacidad financiadas por la Generalitat, quedan exentos de realizar aportación alguna pero las dificultades económicas de algunas familias han acabado haciendo que decenas de usuarios hayan abandonado ya unos centros ocupacionales que los jueces consideran indispensables para su autonomía.

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