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El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se han reunido  con representantes de las ONG para abordar todos los temas que afectan al Tercer Sector con relación a la próxima aprobación de la reforma fiscal por parte del Gobierno.


 

A la reunión han acudido Luciano Poyato y Rafael de Lorenzo (Plataforma del Tercer Sector), Juan Lara Crevillén (Plataforma de ONG de Acción Social), Carlos Susías (Red Europea de lucha contra la pobreza de España), Luis Cayo (CERMI), Juan Manuel Suárez del Toro (Cruz Roja Española), Rafael del Río (Cáritas) y Miguel Carballeda (ONCE).
 

El Tercer Sector de Acción Social agrupa a cerca de 30.000 entidades en toda España, de las que las más significativas, como Cáritas, Cruz Roja, el CERMI o la ONCE. Estas organizaciones dan empleo a más de 500.000 personas. Asimismo, cuentan con 900.000 voluntarios, que prestan servicios y apoyo directo a unos seis millones de personas.
 

Durante la reunión, los representantes de las ONG han valorado el fuerte incremento de los incentivos recogidos en la reforma fiscal. Precisamente, uno de los objetivos de la reforma tributaria es, además del crecimiento económico, el desarrollo social y la creación de empleo, sobre todo entre los colectivos de la sociedad más necesitados.
 

En el caso del IRPF, la deducción general por donaciones pasa del 25% al 30%. Se produce también un incremento adicional de otros 5 puntos (hasta el 35%) en los casos de donación reiterada durante tres años a la misma entidad, para fomento de la fidelización de las donaciones.
 

Asimismo, se establece una deducción del 75% de los primeros 150 euros realizados por cada donante con el ánimo fomentar el micromecenazgo y extenderlo por toda la sociedad. 
 
 
En el caso del Impuesto sobre Sociedades, la reforma fiscal establece un incremento adicional de 5 puntos en la deducción general por donativos, que pasa, de forma gradual, del 35% al 40% en los casos de donación sostenida durante tres años a la misma entidad, con el fin de fidelizar este tipo de aportaciones.
 

Además, el ahorro fiscal de esta deducción en la cuota es mucho mayor como consecuencia de la reducción prevista del tipo general del impuesto, del 30% actual hasta el 25%.

El Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley, a debatir en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, por la que solicita al Gobierno que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.

Los socialistas argumentan que el artículo 49 de la Constitución establece que "es responsabilidad de los poderes públicos realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, a las que debe prestar la atención especializada que requieran y ampararlas especialmente para los derechos que tiene todo ciudadano". El ordenamiento jurídico español establece que la "accesibilidad universal" es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más natural y autónoma posible, señala el PSOE.

Por último, ante esta situación, sugiere que es necesario seguir avanzando para lograr la accesibilidad universal, especialmente en los bienes y servicios puestos a disposición del público. Por ese motivo, ponen como ejemplo el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en cuya disposición final tercera, apartado 2, contiene el siguiente mandato: "En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, según lo previsto en el artículo 29, para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad". Por todo ello, los socialistas solicitan que se apruebe, en el menor tiempo posible, una norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.

DCLM.ES

La dependencia pierde una media de 3.413 beneficiarios cada mes desde el inicio de 2014. Hay 17.065 personas menos recibiendo ayudas en los primeros cinco meses del año.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha perdido una media de 3.413 beneficiarios al mes durante este año, ya que aquellos que fallecen no son sustituidos por los que se encuentran en la lista de espera, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia.

En el informe décimo tercero se evalúa también el desarrollo del SAAD por parte de las comunidades autónomas y en él vuelve a destacar Castilla y León como la mejor mientras que la Comunidad Valenciana se sitúa a la cola.

Si el pasado 31 de diciembre 753.842 dependientes recibían la prestación reconocida, esa cifra se ha reducido a 736.777 a 31 de mayo de este año.

En cuanto a la reducción de la lista de espera de dependientes con la prestación reconocida -que en diciembre de 2011 ascendía a 305.941 personas y según los últimos datos es ahora de 184.060- el Observatorio asegura que no se debe al incremento de atendidos sino a la combinación de "retirar" el derecho a la atención y a los fallecimientos.

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