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SUS INGRESOS LLEVAN CAYENDO DESDE 2010

 

EUROPA PRESS

 

 

Las perspectivas de financiación sostenible en el tercer sector social se dibujan llenas de dificultades a corto plazo, tras una caída de ingresos en el sector desde 2010, año en que empezó a sufrir las consecuencias de la crisis, y no volverá a dichos niveles hasta, como mínimo, 2017, según se desglosa del informe 'La reacción del Tercer Sector Social al entorno de crisis'.

 

El estudio, elaborado por la Fundación La Caixa en colaboración con ESADE y PwC, prevé unan contención de la financiación pública a corto plazo y recomienda al sector orientarse en un futuro próximo a la inversión privada, a pesar de que, en la actualidad, la financiación de las organizaciones sin ánimo de lucro, dependa en exceso de las subvenciones de las administraciones públicas.

 

Al respecto, el director del Instituto de Innovación Social de ESADE, Ignasi Carreras, ha detallado que entre 2014 y 2017, el sector va a tener un "crecimiento prácticamente plano de ingresos", después de que el total de financiación del Tercer Sector Social haya decrecido un 17 por ciento entre 2010 y 2012 pasando de unos ingresos de 9.530 millones de euros a 7.400, lo que supone una reducción del 23 por ciento. "El nivel de ingresos que tenían las ONG no prevemos que se pueda recuperar ni en el medio ni en el largo plazo", ha apostillado Carreras.

 

Paralelamente al decrecimiento de los ingresos, el número de personas en riesgo de pobreza ha aumentado en un millón durante el último año, llegando a un total de 13 millones en todo el país, según desprende el estudio, que incluye la realización de entrevistas con las principales entidades del sector, múltiples cuestionarios online y panel de expertos, y que ha contado con una "alta participación" de entidades sociales, según ha precisado Albert Soria, subdirector general de la Fundación La Caixa.

 

Por ese motivo, han puesto el foco de interés en la necesidad de que, por un lado, las ONGs apuesten por identificar oportunidades del sector para mejorar en el actual entorno de crisis; y, por otro, fijen un modelo de financiación que les permita tener continuidad y conseguir resultados. En ese sentido, Carreras, también vicepresidente de Intermon Oxfam, ha precisado que las ONG pequeñas son las que más están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, motivo por el cual, recomienda la especialización de las mismas y una clara orientación al cambio.

 

"La recuperación del tercer sector viene por conseguir que la sociedad española, ciudadanos y empresas den un paso al frente y asuman los retos sociales y medioambientales. El tercer sector se muestra pesimista sobre las subvenciones públicas: el 78 por ciento de estas entidades consultadas se muestran pesimistas" sobre la actual situación", ha indicado Carreras.

 

Así las cosas, pesar de la disminución de la cuota media aportada por los socios de estas entidades, y que cuenta con alrededor de tres millones y medio en todo el sector, su aportación supone un 20 por ciento de la financiación privada. El actual entorno de crisis ha contribuido a aumentar la sensibilización de la sociedad; sin embargo, España sigue estando mal posicionada en población donante en comparación con el marco europeo.

 

"SERÍA BUENO QUE MONTORO CONOCIERA LA REALIDAD"
Carreras ha aprovechado la coyuntura para pedirle al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que "deje un poco los despachos" y conozca "la realidad del país", en respuesta a unas declaraciones hechas por el ministro del ramo quien calificó de "falta de rigor" unas estadísticas publicadas por Intermón Oxfam y en las que se informaba de que los 20 españoles más ricos acumulan la misma renta que el 20 por ciento de la población más pobre.

 

"Lo que vemos es que cuando las ONG plantean cifras pueden ser incomodas para los gobiernos. Cuando éstos escuchan se pueden plantear acciones para cambiar, pero cuando quieren desacreditar la fuente, no llegan ni a escuchar lo que está pasando, con lo cual es muy difícil que puedan hacer políticas adecuadas para que las cosas puedan cambiar", ha espetado Carreras quien ha agregado que "la realidad" de la situación no sólo está patente en las estadísticas sino en la gente que vive en la pobreza, a quienes ha pedido que escuchen.

 

"CAMBIO ESTRUCTURAL"
El informe revela que se mantiene una alta participación de voluntarios -un total de 63 por ciento de plantilla-, pese a que entre un 20 y un 30 por ciento de entidades del tercer sector han pasado a ser inactivas o se han extinguido, motivo por el cual también ha caído en un 10 por ciento el monto total de trabajadores en el ramo. Carreras ha alertado de que, los efectos de estas cifras, se notarán más a largo y medio plazo en tanto se trata de organizaciones que trabajan en elementos de prevención y asistencia y sus efectos se vislumbran más en un futuro cercano que en el presente.

 

 

Por todo ello Antonio Martínez, socio de Estrategia y Operaciones de PwC, ha declarado que para hacer frente al deterioro progresivo del sector, éste debe tener en cuenta que ha "habido un cambio estructural". "Esta reconversión desde la captación de fondos públicos hacia un modelo distinto de relación con el sector privado es fundamental para transitar en el período", ha apostillado Martínez. En relación con ello Carreras ha apostado porque las ONG estrechen lazos con empresas cercanas al tipo de actividad que desarrollan.

Las entidades del Tercer Sector reclamaron este lunes en Madrid una reforma de la Ley de Subvenciones que contemple la naturaleza y las singularidades del sector. Entre otras reivindicaciones, incidieron en que no se identifique a las entidades como beneficiarias de las subvenciones que gestionan, sino a los 10 millones de personas a los que se dirigen sus acciones.


Las entidades representativas del Tercer Sector se reunieron para analizar y debatir las consecuencias que tiene para el sector la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno, así como las propuestas de modificación que plantea el colectivo, en un seminario organizado por la Plataforma del Tercer Sector.

Tras la intervención de Juan Lara, presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social, quien hizo un repaso histórico por el ámbito normativo del sector, Luis Ureña, auditor Interno y Asesor Legal de Cáritas, se centró en la problemática de la aplicación de la Ley vigente y subrayó las discrepancias legislativas existentes.

Entre los aspectos negativos de la reforma, destacó el aumento de la burocracia y los trámites administrativos, como la no aceptación de facturas electrónicas como comprobante de pago; la ausencia de plazo por parte de la Administración para el abono de la subvención; la anticipación del importe íntegro de la subvención por parte de la entidad; o la contemplación de cualquier compra a terceros como subcontratación.

Juan Jesús Donoso, director del Departamento Económico de Cruz Roja, realizó un análisis pormenorizado del anteproyecto y llamó la atención sobre los puntos esenciales recogidos en el texto que suponen graves perjuicios para el sector.

Así, se refirió a la obligación para las entidades de financiar con fondos propios o privados un 25% de cada proyecto que lleven a cabo; el aumento en tipo y cantidad de las sanciones que llegan hasta la inhabilitación para la solicitud de subvenciones y acceso a concursos públicos; el establecimiento del pago post justificación; y la práctica desaparición de las subvenciones directas (sólo contempladas en el caso de que estén recogidas expresamente en los Presupuestos Generales del Estado).

En su opinión, uno de los puntos clave en la adecuación de la Ley al sector es la concepción de la entidad como beneficiaria de la subvención, ya que, insistió, se trata de una concepción que “se queda corta y pobre”, dado que las entidades del sector “son una correa transmisora”, que no obtiene retorno de sus acciones, por lo que se debería diferenciar la subvención de interés general de aquella que no lo es.
Por ello, dijo, es necesario que se permita que los programas de estas entidades puedan ser subvencionados hasta el 100% incluyendo los gastos indirectos; que la inhabilitación de la entidad solo se aplique si se demuestra que hay culpabilidad manifiesta; que el pago sea por anticipado aplicable a todos los entes de la Administración Pública y no solo la estatal, y que se sigan concediendo subvenciones directas.

Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) España, fue  el encargado de transmitir las conclusiones de la Jornada y dejó claro que el Tercer Sector está intentando con la modificación del borrador “evitar que una ley no se convierta en un problema” y “que el trabajo de las entidades sociales se pueda seguir haciendo de una manera eficaz y con calidad”.

Asimismo, recordó que los beneficiarios de las acciones del Tercer Sector son más de 10 millones de personas y “no las entidades sociales que actúan como intermediarios de la sociedad civil en favor de las personas más vulnerables de la sociedad”.

El sector reclama introducir las disposiciones necesarias en el texto actual que solucionen los graves problemas detectados en cuanto a la co-financiación de las actividades, justificación de gastos, régimen sancionador desproporcionado y la recuperación de las subvenciones directas. Además, pide que la normativa reguladora establezca un control más ágil y menos burocrático sin menoscabo de la obligación de acreditar el buen fin de los recursos obtenidos.

En estos términos se pronunció Rafael de Lorenzo, secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, quien incidió en que dado que se trata de un anteproyecto destinado principalmente a regular las subvenciones dirigidas a empresas, “se olvida de las singularidades del Tercer Sector”. Por ello, ha pedido disposiciones que regulen quiénes son objeto de una regulación especial y qué artículos tendrán un tratamiento diferenciado para el sector.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, aseguró que este es un momento de mucha importancia para el sector ya que si se aprueba el anteproyecto de Ley, “que empeora el marco actual, se podría llegar a la desaparición del 90% de las entidades del sector”. En su opinión, “están en riesgo de desaparecer años de lucha y trabajo en favor de los colectivos más necesitados y es necesario reaccionar con un discurso coherente”.

 

Desde su punto de vista, el Tercer Sector está recibiendo un trato parecido al sector lucrativo, “olvidando que nace para ocuparse de las personas más vulnerables”, ya que “convierte en beneficiarios directos de las subvenciones a las entidades y no a las personas”. “Si se aplicara tal y como esta en el borrador, supondría situar en el abismo al Tercer Sector”, dijo, por lo que “es necesaria una estrategia de intervención común ante el actual acoso legislativo, ya que lo que está en juego es la supervivencia del Tercer Sector en España”.

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“Se podrían conseguir hasta 500 millones de euros si todas las personas marcaran esta casilla, y por consiguiente, duplicar el número de personas beneficiarias”, señaló Juan Lara, presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social.

Con este dinero se desarrollan durante este año 2014 1.135 programas que benefician a casi 6 millones de personas vulnerables o en riesgo de exclusión social.

 

Gracias a más de 10 millones de personas contribuyentes solidarias que marcaron la casilla de Actividades de Interés General consideradas de Interés Social, en 2013 se ha conseguido recaudar la cifra histórica de 278.918.000 millones de euros. En 2014 se pondrán en marcha 1.135 programas que aportarán un beneficio social a casi 6 millones de personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

Así se puso de manifiesto durante la presentación de la campaña X Solidaria 2014 que tuvo lugar ayer en “Espacio Pozas 14” y que contó con la presencia de la Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Salomé Adroher; el Presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato; el Presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social, Juan Lara y el Presidente de Cruz Roja Madrid, Carlos Payá.

El Presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social incidió en que “las personas contribuyentes solamente pueden elegir el destino de esta pequeña parte de sus impuestos”. Según destacó, “el año pasado se recaudó la cifra histórica de 279 millones de euros pero se podrían haber conseguido 500 millones de euros si todas las personas hubieran marcado la casilla de Actividades de Interés General consideradas de Interés Social y duplicar así el número de personas atendidas”, al tiempo que insistió en que “se trata de un pequeño gesto que supone una gran oportunidad para mejorar la vida de las personas”.

En esta línea, señaló que, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas “todavía hay un gran número de personas contribuyentes que no marca la casilla de Actividades de Interés General consideradas de Interés Social, hablamos de un 48% de personas en el último año, que deja en blanco su asignación, un 29%, o que señala solamente la casilla de la Iglesia Católica, otro 19%, seguramente porque no conozca que puede simultanear ambas opciones y duplicar su asignación (0,7% + 0,7% = 1,4%)”.

Además, Juan Lara, destacó que la asignación tributaria “es un instrumento de la política social del Estado que contribuye a luchar contra la exclusión social”, al mismo tiempo que aseguró que “el dinero recaudado se destina a proyectos de acción social (79,14%), a proyectos de desarrollo en América Latina, África y Asia (19,43%) y a proyectos de medio ambiente (1,43%)”.

En este sentido, Luciano Poyato expuso que “los fondos recaudados cada año mejoran la situación de casi 6 millones de personas mediante el desarrollo de programas dirigidos, principalmente a la infancia, a las familias, a la juventud, a las personas mayores, a las personas con discapacidad o a cualquier persona en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social”. Fuera de España, incidió se trabaja en situaciones de crisis humanitarias pero también apoyando, por ejemplo, proyectos de educación, sanidad, agricultura, género o infancia”.

 

Asimismo, agradeció a todas las personas que marcan la casilla de Actividades de Interés General consideradas de Interés Social, que demuestran cada año “su solidaridad”, e insistió en que “se puede y se debe decir que la sociedad española es solidaria” porque cada año hay más personas contribuyentes que manifiestan este deseo de colaborar con “proyectos y realidades concretas”, como: centros de día; apoyo temporal a familias con personas dependientes; atención integral a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, atención integral a personas con discapacidad, atención a familias con niños y niñas sordas; prevención, sensibilización y erradicación de violencia de género; programas de promoción del voluntariado y servicios de mediación familiar, entre otros muchos.

Por su parte, Salomé Adroher, clausuró este acto de presentación de la campaña “X Solidaria”, destacando la importante labor que desarrollan las ONG prestando sus servicios a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. También incidió en que “el dinero recaudado y distribuido mediante esta convocatoria pública de subvenciones se destina íntegramente a proyectos concretos de las ONG, no a sus estructuras”.

A este acto también asistieron en representación de las organizaciones sociales que participan en esta campaña el Presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Carlos Susías; la Directora gerente de la Plataforma del Voluntariado de España, Mar Amate; la Directora del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Pilar Villarino; el Presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Carlos Martínez-Almeida y la Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Mercedes Ruiz-Giménez.

 

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