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La mayoría de empresas no cumplen la cuota de reserva del 2% que exige la Ley

El representante de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM), Ginés Ruiz, ha advertido que la mayoría de las empresas con más de 50 trabajadores incumplen la cuota de reserva del 2% para la contratación de personas con discapacidad exigida por la Ley por la vía de la contratación directa.

Durante su intervención en el Seminario ‘Trascendencia socioeconómica de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social’, Ruiz ha remarcado que el acceso a un empleo de calidad es el mecanismo más eficaz para romper el círculo vicioso de la pobreza y la exclusión social, ya que “la inclusión laboral de las personas con discapacidad sigue siendo en España una meta por alcanzar”.

Asimismo, el representante de la Federación ha incidido en que este colectivo es el que tiene menos participación en el mercado laboral, con una tasa de actividad 42 puntos inferior a la de la población sin discapacidad, una tasa de empleo 37 puntos también por debajo y una tasa de paro que superó en 9 puntos a la de la población sin discapacidad.

Además de poner el foco en la importancia de contar con una buena formación para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, Ruiz ha argumentado que contar con un mayor de nivel de estudios facilita su inclusión laboral y obtener un mejor salario.

No obstante, el portavoz de FEACEM ha querido demandar que, además, el salario que perciben las personas con algún tipo de discapacidad es, según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística  (INE) un 15,7% menor que el del resto de la población empleada.

“El riesgo de exclusión social y pobreza no desaparece con el acceso al trabajo. En 2016 el 14,5% de las personas con discapacidad ocupadas eran trabajadores pobres; una situación algo peor que la de la población sin discapacidad, cuya tasa es de 14,1%”, ha matizado.

Ante las diferencias en el mercado de trabajo que afectan a determinados colectivos especialmente desfavorecidos, como las personas con discapacidad, el portavoz de FEACEM ha insistido en la necesidad de poner en marcha de un marco normativo que promueva las oportunidades de empleo, facilite la permanencia y el mantenimiento en los puestos de trabajo, ayude a la mejora de la empleabilidad y de las competencias profesionales e impulse el desarrollo profesional.

En este sentido, Ruiz, como presidente de la de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, ha reclamado la creación de una Ley de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad que actualice y modernice el marco normativo actual, ya que a las situaciones históricas de discriminación y falta de igualdad de oportunidades se une, en los últimos años, un incremento de la brecha social motivada por el crecimiento de la desigualdades, la escasez o la precarización del trabajo, entre otros.

La Ley de Inclusión Laboral debería plantearse alcanzar unos objetivos estratégicos claros: equiparar las tasas de actividad y ocupación de las personas con discapacidad con las de la población general; mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones laborales de las personas con discapacidad, combatiendo activamente su discriminación y establecer un “sistema” que garantice la inclusión activa de las personas con discapacidad.

Promover políticas económicas y sociales orientadas a la promoción de un trabajo digno, que garanticen la protección social adecuada a las personas con discapacidad en edad laboral, que erradiquen las situaciones de discriminación en el acceso a la educación o mejorar el nivel de competencias profesionales de este colectivo, son otros de los objetivos que debería recoger la Ley de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad.

“Esta Ley debería ser un punto de inflexión para garantizar y hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones, reforzando los impactos positivos del actual sistema y permitiendo corregir las disfunciones, carencias o incongruencias que presenta el sistema legal actual y adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado de trabajo”, ha concluido el representante de FEACEM, Ginés Ruiz.