La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han firmado este lunes 23 de octubre un convenio de colaboración a través del que se renuevan y amplían las líneas de trabajo existentes para avanzar en la protección de la igualdad de derechos de las personas con discapacidad y sus familias, según ha informado el comité.
 
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, y el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, han sido los encargados de rubricar el convenio, en un acto que se ha celebrado en la sede del CERMI Estatal y que ha contado con la presencia de representantes de la plataforma y de la Fiscalía General del Estado.
 
Así, José Manuel Maza ha reconocido el trabajo de los fiscales del Estado por haber puesto en marcha y haber mantenido este acuerdo y ha apuntado que, "los fiscales no son solamente quienes persiguen los delitos, sino también los grandes protectores de quienes más lo necesitan". Además, Maza ha señalado que "una sociedad se mide, en cuanto a sus valores éticos, por estar preocupada por las personas que necesitan más apoyos".
 
Por su parte, el presidente del CERMI ha reconocido que la plataforma "siempre ha visto en el Ministerio fiscal y en las personas que lo integran a un aliado de las personas con discapacidad y sus familias", así como "una disposición acreditada de colaboración activa en esa labor que tiene la Fiscalía de proteger y promover la acción de la Justicia para las personas que tienen más dificultades de acceso a derechos y bienes".
 
El convenio recuerda que la Disposición Adicional primera del Real decreto 1276/2011, de 16 de noviembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, designó al CERMI como entidad independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de conformidad con su artículo 33.2.
 
Además, el texto rubricado por el CERMI y la FGE recoge que se establecerá un "cauce estable" para la comunicación y el intercambio de información entre ambas instituciones respecto de los casos que puedan suponer una "flagrante vulneración" de derechos fundamentales de las personas con discapacidad, para lo que se nombrará un representante del CERMI y otro de la FGE a los que quedará encomendada la función de interlocución. Este nombramiento será comunicado por escrito y tendrá la duración que se establezca en la respectiva comunicación.
 
Por último, el acuerdo incluye la constitución de una Comisión de Seguimiento para velar por el cumplimiento del convenio y ofrece desplegar una serie de acciones formativas y de sensibilización en materia de derechos de las personas con discapacidad.
 
 

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