• Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, compareció ayer en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados
     
  • Durante su intervención apostó por la asistencia personal, la educación inclusiva, la atención sociosanitaria y la eliminación de copagos 
     
  • La integración laboral en la empresa ordinaria y la defensa de los centros especiales y de las organizaciones de discapacidad también fueron cuestiones tratadas en la comparecencia

 

El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga, hizo ayer durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados una defensa de los derechos de este grupo social y su libertad para decidir sobre todo lo que tiene que ver con su vida.

 

Tras apostar por “la libertad de las personas con discapacidad para decidir dónde quieren vivir” y por “un modelo donde los recursos y programas estén a su servicio y donde éstas puedan socializarse y participar”, Anxo Queiruga reivindicó “el desarrollo de la figura de la asistencia personal para que las personas con discapacidad y necesidad de apoyos continuados puedan diseñar, en cierta medida, su modelo de vida”.

 

“Seguimos teniendo un enorme agujero en la promoción de la participación de las mujeres con discapacidad, en los diferentes ámbitos la vida. Resulta fundamental favorecer el empoderamiento de las mujeres con discapacidad y promover una socialización igualitaria y libre de estereotipos sobre género y discapacidad”, afirmó el presidente de COCEMFE.

 

Asimismo, criticó “las graves deficiencias del sistema educativo” y exigió el cumplimiento de la legislación vigente para “garantizar el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, con recursos docentes, materiales y económicos suficientes para que reciban los apoyos necesarios para que terminen los estudios, y tengan un desarrollo formativo similar al del resto de los compañeros y compañeras sin discapacidad”.

 

Queiruga trasladó a los miembros de la Comisión diferentes “consecuencias de las políticas de reducción del coste sanitario en la salud y calidad de vida de las personas con discapacidad y de la ineficaz gestión de los servicios sociosanitarios dirigidos”.

 

En este sentido, apostó por una revisión del baremo de discapacidad para éste “sea equitativo, cumpla con los criterios de la CIF, dé una cobertura justa a nuestro grupo social y responda a las necesidades de las personas con enfermedades muy discapacitantes que en la actualidad no son reconocidas”; y defendió un catálogo ortoprotésico sin “inequidades en el acceso a las ayudas técnicas dependiendo de la causa que provocó la discapacidad” ni en el que “dependa de la voluntad de cada comunidad autónoma o mutualidad administrativa que los pacientes puedan hacer uso de la llamada ‘mejora’”.

 

El presidente de la organización se refirió al binomio imposible de muchas personas con discapacidad: menos recursos y más gastos: “Tenemos gastos que son comunes al conjunto de la sociedad pero, a mayores, tenemos un castigo económico que viene dado por el diseño de una sociedad que no está hecha para todos, que nos excluye de manera indirecta al someternos a sobrecostes”.

 

Después de recordar las claves de la Iniciativa Legislativa Popular en contra del Copago Confiscatorio, afirmó que “copagar por servicios que nos son imprescindibles por nuestra situación personal, podríamos decir que es un delito en un Estado de Derecho”.

 

En relación al empleo, Queiruga reclamó el desarrollo de una Ley General de Empleo que incluya medidas como “la reserva de empleo a personas con discapacidad en medianas empresas y un aumento de la cuota en las grandes” y propuso “la implantación de un salario social básico que se pueda compatibilizar con el trabajo a tiempo parcial”, ya que “hay miles de personas con discapacidad física y orgánica que están fuera de las prestaciones del sistema y con unas posibilidades muy limitadas de acceder al empleo de calidad”.

 

También señaló que “es una obligación moral y legal que las empresas tengan las condiciones mínimas para que todos podamos trabajar en ellas” y criticó la proliferación de centros especiales de empleo de iniciativa privada señalando que este tipo de centros deberían ser el “resultado del emprendimiento social, del emprendimiento de las personas con discapacidad individualmente o mediante sus entidades representativas”.

 

En relación a la obligación legal de que el 4 de diciembre de este año 2017 sean accesibles todos los productos, bienes, entornos y servicios, el máximo representante de COCEMFE reivindicó la “puesta en marcha de una ambiciosa estrategia sobre accesibilidad en nuestro país”. Igualmente, incidió en “la necesidad de modificar de una vez por todas la Ley de Propiedad Horizontal” por ser “una cuestión de dignidad para todos aquellos que, por la razón que sea, tienen movilidad reducida”; e hizo un llamamiento a extender la cultura de la accesibilidad universal en nuestro país y a derribar las barreras invisibles, “las que están en la mente y que son las que verdaderamente impiden que la situación y la vida de las personas con discapacidad se normalice”.

 

Queiruga se refirió a la “transformación de las convocatorias de ayudas a cargo del 0,7 del IRPF, lo que puede suponer la desaparición de entidades estatales y por lo tanto y más grave, la desatención de personas con enfermedades crónicas y/o minoritarias”.

 

Finalmente, el presidente de la Confederación hizo un llamamiento a “aprovechar que esta Comisión por fin tiene carácter legislativo” para que “el avance hacia la libertad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida sea mucho más ágil y decidido; y acabe con las demandas históricas que llevamos planteando las organizaciones de personas con discapacidad desde hace casi cuarenta años”. 

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